México en llamas: El Rancho Izaguirre y la indolencia oficial
El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha dejado al descubierto la miseria moral de un país donde la violencia ya no es noticia, sino rutina. Este centro de exterminio, operado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), confirma lo que muchos han denunciado por años: la impunidad es la moneda de cambio de los criminales, mientras las autoridades juegan a la negligencia o, peor aún, a la complicidad.
Las madres buscadoras han hecho lo que el Estado se niega a hacer: buscar la verdad. En su incansable lucha, han encontrado en el Rancho Izaguirre un horror comparable con campos de exterminio, una muestra escalofriante del grado de deshumanización al que ha llegado el crimen organizado en México. Pero, como siempre, la respuesta gubernamental ha sido tibia, tardía y llena de obstáculos. En lugar de protegerlas, las revictimizan; en lugar de investigar, simulan; en lugar de actuar, callan.
El CJNG, en su intento de controlar la narrativa, ha intentado desacreditar los hallazgos, utilizando las redes sociales para sembrar dudas y minimizar la indignación pública. Pero los hechos son irrefutables: cientos de prendas de vestir, mochilas y hornos clandestinos empleados para la incineración de cuerpos. La magnitud de la barbarie es tal, que compararla con tiempos de guerra no es una exageración, sino una descripción precisa de la realidad.
El Estado mexicano no puede seguir siendo un espectador de su propia tragedia. Con más de 100,000 desaparecidos en el país, cada hallazgo de fosas clandestinas es un golpe más a la credibilidad de un gobierno que presume logros de seguridad mientras la sangre corre por sus calles. La justicia no puede depender exclusivamente de la valentía de las madres buscadoras; es una obligación del Estado.
Este caso exige una respuesta inmediata y contundente. Se necesita una depuración real de las fuerzas de seguridad, un compromiso efectivo para erradicar la corrupción y un acompañamiento sincero a las víctimas. Pero, sobre todo, se requiere una sociedad informada y movilizada. Porque la indiferencia también mata, y en México, ya hemos permitido demasiadas muertes.
El Rancho Izaguirre no es solo una evidencia del horror criminal, es un espejo que nos muestra el abandono institucional y la desesperanza de quienes buscan a sus seres queridos entre cenizas. La pregunta es: ¿seguiremos permitiendo que esto continúe o por fin exigiremos el país que merecemos?
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