Silvano Aureoles: La Cacería Está en Marcha
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ya emitió la ficha roja contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, activando la alerta en Estados Unidos, España y otros países europeos para su localización y captura.
“El arresto de este individuo se va a dar, no cabe duda. Es cuestión de manejarlo con prioridad y cuidado”, aseguró el fiscal Alejandro Gertz Manero durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Gertz Manero explicó que la detención de Aureoles forma parte de un operativo más amplio que ya ha resultado en la aprehensión y procesamiento de varios de sus cómplices. “En un plazo muy corto lo vamos a tener”, advirtió el fiscal.
Ayer, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que su antecesor perredista enfrenta una orden de captura internacional, al igual que varios excolaboradores, por presunto desvío de recursos.
Según la FGR, Aureoles habría huido con la protección de la “vieja administración”, evitando enfrentar las denuncias en su contra por presunto peculado en la construcción de cárceles estatales, un esquema de corrupción de gran magnitud que, tras múltiples complicaciones legales, finalmente ha sido judicializado.
La persecución contra figuras políticas acusadas de corrupción es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones. Sin embargo, la efectividad de la justicia no debe medirse solo por detenciones mediáticas, sino por la capacidad de garantizar procesos legales sólidos y castigos ejemplares.
En México, hemos visto muchos casos en los que la captura de políticos genera un gran revuelo, pero después los procesos judiciales se dilatan, las pruebas se desestiman o las penas resultan irrisorias. La pregunta clave no es si atraparán a Aureoles, sino si realmente pagará por sus presuntos crímenes. ¿Se logrará recuperar el dinero desviado? ¿Se castigará a todos los involucrados o solo a los rostros más visibles?
Si la justicia realmente busca ser efectiva, debe demostrar que no existen pactos de impunidad ni intereses políticos de por medio. De lo contrario, este caso podría terminar siendo solo otro espectáculo mediático que no transforma en absoluto la lucha contra la corrupción en el país.
